Sobre el Decreto Ejecutivo 60 y la fusión del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Ministerio de Educación

Desde Fundación Clave, organización comprometida con el fortalecimiento de la gestión cultural, la participación ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos culturales, expresamos nuestra profunda preocupación ante lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.º 60, firmado el 24 de julio de 2025, que establece la fusión del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Ministerio de Educación, como parte de un plan de reducción del aparato estatal.

Esta medida representa una grave regresión en el desarrollo institucional del país y, especialmente, en la garantía de los derechos culturales de los ecuatorianos.

Reducir el tamaño del Estado no implica automáticamente mayor eficiencia, por él contrario podría tener efectos adversos:

  • Concentración de funciones que debilita la especialización técnica y la capacidad de respuesta sectorial.
  • Pérdida de autonomía institucional, con impactos negativos en la formulación de políticas públicas específicas, como las culturales.
  • Centralismo e inequidad, al alejar aún más la gestión cultural de los territorios y de las comunidades que requieren políticas diferenciadas y descentralizadas.

La cultura no es un anexo de la educación formal ni una política ornamental. Es un derecho humano fundamental, un componente estratégico del desarrollo y un espacio clave para la cohesión social, la memoria colectiva y la construcción de ciudadanía.

La eliminación del Ministerio de Cultura y Patrimonio como entidad autónoma no solo afecta al sector cultural, sino que limita las posibilidades de imaginar, construir y vivir en una sociedad más justa, creativa y democrática. Silenciar la política cultural es debilitar la capacidad del país para pensarse a sí mismo desde su diversidad, su historia y sus territorios.

Por ello, hacemos un llamado a la comunidad a unirnos para defender la institucionalidad cultural del Ecuador como un pilar fundamental para el ejercicio de derechos, el desarrollo sostenible y la construcción de paz.

La cultura no es un privilegio, es un derecho que se debe garantizar.